Durante la década del 1990, la Argentina se convirtió en un ejemplo extremo de desregulación y mercantilización de la industria farmacéutica. Durante este período la política desregulatoria equiparó a los medicamentos con bienes de consumo a través de la liberación de precios, la reducción de barreras de ingreso y control de calidad. El colapso del sector farmacéutico durante la crisis de 2001 abrió paradójicamente una posibilidad de puesta en valor de los laboratorios públicos para cubrir la producción de medicamentos esenciales avanzando paulatinamente en las capacidades del sector.